30 de marzo de 2017
Alfredo Molano en la cuenca del Pacífico
Compartimos el primer capítulo del más reciente libro del ganador del Premio Simón Bolívar Vida y Obra 2016, ‘De río en río’, una serie de crónicas que retratan las realidades de las comunidades que habitan la costa occidental de Colombia.
La economía y la cultura colombianas han girado en torno al Atlántico Norte: Nueva York, Londres, Madrid, Berlín. El Lejano Oriente –Japón, China, India– fue considerado un horizonte económico sólo después de la II Guerra Mundial, cuando la creciente importancia de esta región obligó a mirar hacia ella y a prepararse para un intercambio comercial de gran envergadura con toda la cuenca del Pacífico. Más aún, Colombia ha ganado una importancia geoestratégica con Venezuela y Brasil al constituirse en un paso obligado para vincular esas economías con el Oriente.
Colombia viene soñando con romper la dependencia que lo ata a Norteamérica y a Europa y se prepara para una relación más activa con China e India. Para ello debe abrir vías hacia el Pacífico y construir puertos que permitan recibir, a corto plazo, los grandes buques mercantes Post-Panamax de 95.000 TDB. En Chocó está planeada la construcción de un puerto de aguas profundas en la bahía de Tribugá por parte de empresas privadas, que demanda del Gobierno la construcción de la carretera Las Ánimas-Nuquí. El puerto de Tribugá tiene en perspectiva dos serios rivales: el de Aguadulce, en Buenaventura, y el de Bahía Málaga. Antioquia está interesada en compartir con Risaralda el puerto de Nuquí por la vía Medellín-Quibdó-Las Ánimas. Por su parte, el Valle del Cauca y Cauca mismo tienen sus ojos puestos en Aguadulce y en Bahía Málaga. Se ha iniciado la construcción de una autopista de cuarta generación Buga-Loboguerrero-Buenaventura.
El primer obstáculo para llevar a cabo cualquiera de estos proyectos es restablecer el orden social que permita las cuantiosas inversiones en proyectos y otorgue garantías sólidas a los inversionistas, sean nacionales o extranjeros. Las Cámaras de Comercio de Risaralda y del Valle e inversionistas chinos interesados en los proyectos así lo han demandado. En pocas palabras, la condición implica resolver el problema de guerrillas y paramilitares para hacer posible la libre circulación de personas y mercancías. Es decir, recuperar –o imponer– la total soberanía del Estado colombiano en la región. Una de las opciones hoy vigentes está ligada a la implementación de los acuerdos de La Habana.
Chocó es un departamento pobre rodeado por departamentos ricos. Tiene costas sobre el Caribe y el Pacífico. El territorio que atravesaría la vía Las Ánimas-Nuquí pertenece a Resguardos y Consejos Territoriales de Ley 70. La carretera valorizaría todo el trayecto, lo que se convertiría en un factor tanto de invasión como de desplazamiento de indígenas y negros; de hecho, ya ha habido masacres y ejecuciones ejemplarizantes por parte de grupos paramilitares que han obligado a reconocidos desplazamientos. Las guerrillas, buscando abrir nuevos frentes, llegaron en los 1980 a la región e impulsaron el cultivo de coca y adoctrinaron a la población con miras a crear un nuevo teatro de guerra. El choque entre estos grupos armados era inevitable, aunque a veces podía ser amortiguado, e inclusive impedido, por la división del trabajo entre cultivo y exportación de coca y los negocios a que esta da lugar. Frente a la carretera sus posiciones resultaban idénticas: el cobro de tributos a las compañías constructoras.
De un lado, el hecho de que tanto Resguardos como Territorios Ley 70 por Constitución sean inembargables, inajenables e imprescriptibles, y de otro, la necesidad de construir megaproyectos de alta valorización, han conducido poco a poco a una conciliación entre estas realidades: el comodato o el arriendo de predios a negociantes, cultivadores de coca o ganaderos que buscan el control no sobre la propiedad, sino sobre su uso. Es una tendencia que, por lo demás, se está imponiendo en todo el país y amenaza la raíz misma de estas formas colectivas de propiedad con trascendentales y nocivos efectos tanto económicos como étnicos. La descomposición puede estar provocada por los grandes intereses comerciales, mineros y energéticos que merodean en las regiones. El Estado deberá, cuanto antes, ligar la propiedad de la tierra y el uso del suelo como una misma cosa si pretende impedir el arraigo y el desarrollo de conflictos sociales, previsiblemente violentos.
La construcción de vías carreteables y puertos marítimos, y en general las grandes obras de infraestructura, trae aparejada la acelerada hipervalorización de predios colindantes con ellas o que sean beneficiados de manera indirecta. Así, el precio de la tierra conoce topes muy altos y entra en colisión con la naturaleza jurí- dica de Resguardos y Territorios Negros ancestrales. La tendencia económica espontánea ha conducido al desplazamiento masivo de pobladores para obtener los beneficios generados por las obras. Aún más cuando los interesados en ellos obtienen información privilegiada confidencial sobre rutas, modalidades y fines de las obras. El resultado es desplazamiento. Basta una masacre y el objetivo criminal ha sido alcanzado. La gente o no regresa, o vende si puede, o transfiere sus derechos. Dado que casi todo Chocó y casi todo el territorio por donde pueden atravesar vías futuras son Resguardos o Territorios Tradicionales de comunidades negras, el conflicto salta a la vista.
Playa en el Pacífico colombiano, cerca de Buenaventura. Crédito: Carlos Valencia Maya.
Como el Estado, aun haciéndose el de la vista gorda, no puede renunciar a sus obligaciones constitucionales, la salida de los interesados es pagar una determinada suma a cambio de un uso específico –o no– del suelo. En los territorios negros esta modalidad tiene más visos de legalidad que en los Resguardos, pero de todas maneras en ambos se está dando y terminará como una gran palanca para echar para atrás los derechos adquiridos por las comunidades indígenas y negras. Más aún, el establecimiento y muchas fuerzas e intereses políticos favorecen la liquidación de todo obstáculo para que la tierra funcione como mercancía, es decir, que su uso esté reglamentado tan solo por las leyes de oferta y demanda.
Minería
El Código minero aprobado en febrero de 2010 declara de hecho ilegales la mayoría de las explotaciones artesanales de oro. Estas prácticas ancestrales benefician a un gran número de familias extensas en el alto San Juan. La consideración se funda en la carencia de títulos sobre el subsuelo, o sobre el mismo suelo, y por tanto esos mineros no pueden mostrar concesión para la explotación. Además –y es un requisito aún más difícil de cumplir–, los pequeños mineros no tienen licencias ambientales para la explotación. Se debe añadir que numerosas empresas medianas están en idéntica situación.
El Código va en contravía de una tradición arraigada y de un modo de sustento de miles de personas. De hecho, este código ha sido demandado y la demanda ha sido aceptada; entre otras razones se alega la no realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y negros, siendo una ley que los afecta directamente en esta actividad ancestral de la minería. Como se ha dicho, unas y otras pagan “impuestos de seguridad” y de explotación a grupos irregulares, lo que hace más explosiva la situación si el Estado, presionado como está por la banca mundial y por las multinacionales mineras, cede y opta por sancionar o impedir la explotación considerada ilegal y otorga al mismo tiempo concesiones y licencias a las grandes compañías.
Aquí los grupos irregulares que quedan tendrán ocasión de desarrollar una gran actividad de propaganda y de favorecimiento de su política de reclutamiento y de organización de la población civil. El Estado y la fuerza pública van a ser vistos como agentes e instrumentos de las grandes empresas. No es descartable que ellas sobornen autoridades, paguen contribuciones a grupos ilegales y traten, por todos los medios lícitos, de presionar al Gobierno para obtener concesiones o licencias. Gran importancia adquirirán en esta encrucijada los políticos locales y nacionales como ruedas de transmisión entre las oficinas de las empresas y las del Gobierno (Codechocó y Minambiente, respectivamente).
Es muy probable que los grupos neo paramilitares sirvan para encender la chispa. La fuerza pública obtendría así ante la opinión pública una credencial para intervenir. Una matanza de mineros crearía el clima para organizar un gran operativo que busque recuperar el control del orden y la soberanía de la ley. Estos dos términos son de hecho sinónimos de Código minero y de desplazamiento de la minería ilegal o artesanal, y al mismo tiempo licencia de explotación para la gran minería. Es de temer un incremento de enfrentamientos militares y de desplazamiento hacia las zonas urbanas, Quibdó, Istmina, Buenaventura y Tumaco.
Playa de Ladrilleros, ubicada cerca de Buenaventura. Via WikiCommons.
En el problema minero, el enfrentamiento podría ser más intenso por las fortunas que se juegan de lado y lado, es decir, las de los accionistas de las multinacionales y las de los grandes intereses mineros. Con el Código en la mano y las armas de la República, las multinacionales tienen ganado el litigio legal, mas no así el clima social necesario para la explotación pacífica del oro. Previendo este desenlace –tal como se practica en otras regiones como La Colosa, en Tolima–, las multinacionales desarrollarán una política social de favores que busca –y logra– romper las estructuras sociales, la organización de la comunidad y la defensa de sus derechos ancestrales y medioambientales. Dicho esto, hay que recordar que las Organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas –nacionales y extranjeras– denunciarán las perspectivas tanto legal como social de las empresas mineras.
Si en los últimos 50 años la cuestión agraria ha sido el combustible del conflicto armado, la cuestión minera puede llegar a tomar rumbos muy peligrosos y mover fuerzas profundas. Desde el punto de vista de la protección de los derechos, el Gobierno está omitiendo cumplir, y hacer cumplir a las empresas, el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades negras e indígenas cuando se adjudican permisos de prospección, exploración o explotación del oro, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, que debe ser aplicado desde el momento en que se inicia la planeación de un proyecto minero grande, aunque las comunidades no tengan titulados los territorios donde han practicado ancestralmente la minería del oro. Esto hace que la relación para determinar si entra o no un megaproyecto se inicie con un conflicto de intereses y una violación del derecho fundamental a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado que protege la supervivencia étnica y cultural de las comunidades étnicas y sus derechos a la participación, al desarrollo propio o planes de vida y a su autodeterminación. En las regiones productoras de oro y platino o potencialmente ricas en ellos se podrá desarrollar un grave conflicto en tiempo relativamente cercano por la colisión entre la minería ilegal y la legal. A raíz del colapso de la Chocó Pacífico y compañías sucedáneas se ha desarrollado en el alto y el medio San Juan una explotación caótica que el Estado no ha querido –o no ha podido– intervenir. A la región llegaron sucesivamente dos modalidades de explotación de oro: las dragas y las retroexcavadoras. Las primeras cedieron el paso a las segundas, al ritmo y en la medida en que el mineral se fue agotando en los lechos de ríos y quebradas. Las retroexcavadoras permitieron remover el material en las rondas de agua siguiendo la existencia de las vetas. El daño ambiental ha sido brutal, tanto por el destrozo de los bosques aledaños a las cuencas como por la remoción de material lavado –llamado también estéril– y los grandes huecos dejados después de explotar una mina. Al lado de esa minería ilegal de tamaño mediano pulula la pequeña minería artesanal, pese a la tradición, considerada ilegal por el nuevo Código minero. Se desarrolla en dos formas: una, socavones horizontales o verticales, y dos, mazamorreo o barequeo. Es una minería residual que no tiene el violento impacto de la mediana y que permite vivir a miles de familias.
En su conjunto toda la minería de la región está cobijada por formas de control y tributación de diferentes características. El Estado ha reglamentado las concesiones, los títulos mineros y las licencias ambientales. Los grupos armados ilegales que aún quedan, tanto guerrillas como paramilitares, han hecho lo mismo y han establecido un régimen de extorsión a toda empresa o explotación. Esta es una primera y poderosa fuente de conflicto que podrá llegar a involucrar toda la región. El alcance y la intensidad de la confrontación estarán determinados por la calidad del material y por el rendimiento de las diversas tecnologías. El Estado tiene intereses fiscales en la explotación minera, y los grupos armados, necesidades logísticas. Ambas fuerzas protegen sus intereses de largo y mediano plazos.
Los últimos gobiernos han promovido la gran explotación y han sacado a las bolsas extranjeras concesiones para la explotación aurífera, política autorizada en el Código minero. En la región se han otorgado numerosos títulos mineros y concesiones que hasta el momento no han conducido a la explotación por razones de orden público. Puede ser que de manera velada y a espaldas del Estado, las compañías lleguen a acuerdos con los grupos ilegales. La confrontación sería entonces entre estos grupos por esos acuerdos. Pero es factible que las compañías se nieguen a tales procedimientos, y entonces el enfrentamiento quede en cabeza del Gobierno. Aquí es previsible que la guerrilla no negocie de acuerdo con sus principios políticos e ideológicos. Podría suceder que empresas, Gobierno y paramilitares lleguen a un acuerdo: sacar a la guerrilla que quede, para lo cual deberían romper los vínculos que esta fuerza tiene, tanto en las medianas empresas como en la minería ilegal. En esta eventualidad la población nativa puede ser objeto de masacres o de asesinatos ejemplarizantes sistemáticos. Coincidirían tres intereses: Las grandes empresas verían despejado su horizonte de amenazas de orden público; el Gobierno pondría en cintura la minería ilegal, vale decir, la desplazaría, y los grupos paramilitares se podrían ver beneficiados tanto por la estrategia de recompensas y colaboración con las Fuerzas Armadas (FF. AA.) como por los pagos clandestinos de su acción, que de alguna manera compensarían las cuotas de seguridad que hoy cobran. Además, las FF. AA. recibirían por su papel estratégico los honores y el prestigio que la ley dispone.
Componente Aeronaval de la Fuerza Naval del Pacífico. Crédito: Armada Nacional Colombia.
El riesgo de un enfrentamiento es factible. Las grandes compañías le exigirían al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos respaldados por el Código minero y la presión política al Estado será apremiante. Para hacerlo, el Gobierno buscaría neutralizar la minería artesanal. El gran interrogante es la actitud que asuman las actuales empresas medianas. ¿Apoyarían las políticas y estrategias del Gobierno de liquidar la minería ilegal mediante la aplicación rigurosa del Código minero? ¿Apoyarían a los grupos paramilitares para liquidar la pequeña minería? ¿A qué arreglos podrían llegar con el Estado y con las grandes compañías?
Para evitar el conflicto, el Gobierno debería propiciar que el marco de un arreglo negociado entre la minería artesanal y la minería legal fuera establecido entre ong ambientalistas y de Derechos Humanos (DD. HH.), asociaciones de mineros existentes en la zona y los Ministerios de Minas y Medio Ambiente, en mesas públicas. Ese marco podría ser el fundamento de la política minera del Estado en la región.
Petróleo
En plano similar, aunque mucho menos conflictivo, están la exploración y la explotación petroleras. La diferencia esencial radica en que los pobladores no pueden explotar el petróleo con técnicas ancestrales y, además, las compañías pueden generar mucho más empleo no calificado que las multinacionales mineras. No obstante, las guerrillas que subsistan podrían imponer tasas de peaje a las compañías vinculadas a la explotación petrolera como contratistas y similares. Sumas que terminarán siendo escondidas en los costos de sus proyectos. Los paramilitares participarán a su modo, vendiendo sus servicios de seguridad y “limpieza social” a los contratistas, y estos lo aceptarán como una inversión de urgencia manifiesta. Quizás el Gobierno tolera estas modalidades en cuanto le permiten debilitar la oposición a sus proyectos económicos y evitar que las FF. AA. se vean complicadas en denuncias de violación a los DD. HH., lo que, dígase de paso, afecta su imagen y hasta la ayuda militar norteamericana en virtud de la Enmienda Leahy.
Las empresas petroleras y sus contratistas diseñarán también políticas de “responsabilidad social”, que no son otra cosa que la utilización de clientelismo tradicional y asistencialismo privado: escuelitas, becas, asesorías locales, contratos, talleres y folletos. Sin duda, estas modalidades de protección surten efecto en la medida en que terminan por dividir las comunidades, cooptar miembros o líderes y corromper a otros. Efecto peligroso si se tiene en cuenta la existencia de actores armados antagónicos en sus territorios.
Coca
Si se acepta la diferencia esencial entre producción y comercialización, como toda doctrina económica lo postula, en el llamado narcotráfico hay que distinguir entre cultivadores, traficantes y consumidores. A Chocó, y específicamente a la región del San Juan, lo afectan los dos primeros temas. El cultivo de la hoja de coca fue introducido tanto en el cañón del río Garrapatas como en el Calima por los carteles del Valle del Cauca, aunque más tarde se dieron fusiones o acuerdos con la Oficina de Envigado. La coca también se cultiva en el Pacífico sur, vinculada al cartel de Cali.
No obstante, la expansión guerrillera (1990-1998) se enfrentó con los carteles y los hizo abandonar muchas de las zonas donde ellos habían alentado la coca y sustituyó, o subordinó, a los cultivadores anteriores. La relación con los campesinos, mestizos o negros, y con los indígenas tuvo un carácter político, es decir, tendiente al desarrollo y el fortalecimiento de su poder territorial, y en esta perspectiva la tributación ilegal jugó un papel determinante, razón por la cual la estrategia consistió en impulsar el cultivo con poblaciones que les fueran fieles, a las buenas o a las malas. La guerrilla desconoció, de hecho, los títulos colectivos de los Consejos y de los Resguardos e impuso formas de colonización campesina. Pero además prohibió actividades económicas distintas a cultivo y procesamiento de la hoja de coca, y se reservó el papel de intermediaria entre productores y exportadores en ciertas zonas. Es necesario decir también que con los exportadores no constituyó una sociedad, sino un negocio defendido con las armas. El tránsito fluvial entre Noanamá y Docordó era suspendido después de las 6 p.m.
Hoja de coca. Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil.
Aunque el cultivo de coca en el San Juan no tiene la magnitud de los que existen en Nariño y Cauca, la zona tiene grandes ventajas para intensificarlo por la dificultad para la fumigación que representan la alta pluviosidad, la facilidad de comunicación por los ríos y quebradas y, de alguna manera, las condiciones de pobreza de la población, tanto nativa como desplazada desde Risaralda, Valle y Caldas, en su gran mayoría campesina. El fracaso del Frente 47 de las FARC en el oriente de Caldas contribuyó a este flujo.
Ahora bien, las mismas razones que entorpecían la fumigación facilitaban la resistencia militar de las guerrillas. Sobre todo porque la insurgencia tendía a ensanchar su teatro de guerra. Hace unos años era razonable esperar que las fuerzas del orden prepararan una gran operación militar sobre el área, precedida por el terror paramilitar que obliga a la gente a huir o a plegarse al orden institucional. Había un bolsón paramilitar entre Istmina y Palmadó encerrado por la guerrilla, que se beneficiaba de la extorsión a mineros.
La presencia del Estado, itinerante o permanente, es la clave para aminorar los desmanes y la brutalidad previsibles por una campaña militar de gran envergadura. El acercamiento y la familiaridad con la población, la defensa clara de sus derechos y la organización de eventos para darlos a conocer de manera franca y sistemática podrían ser algunas de las actividades que se debe comenzar a planear. La misma función se debería cumplir con la fuerza pública. La mirada atenta del Gobierno sobre el desarrollo del enfrentamiento podría impedir que la inercia de la brutalidad bélica castigue una región tan ignorada y explotada.
La zona del litoral, aguas abajo de la desembocadura del Calima, está dominada por los grupos de traficantes de droga –y probablemente de armas– que procesan cocaína, la embalan y la transportan hacia el exterior. Han sido grupos vinculados a los antiguos o nuevos carteles del Valle del Cauca y fue muy publicitada la guerra que sostenían con las FARC en Buenaventura y en la región circundante, incluido el delta del San Juan. La situación general de la zona se ve afectada por la existencia de la Base Naval del Pacífico en la Bahía de Málaga y los proyectos de construcción de dos puertos de aguas profundas para barcos Post-Panamax en Aguasclaras, área continental de Buenaventura, y Bahía Málaga. Estos proyectos requieren alta seguridad y, según algunas autorizadas versiones, el papel que ha jugado –y puede seguir jugando– el paramilitarismo es determinante. De todos modos, los carteles del Valle y sus ejércitos privados han entrado a Chocó por estas puertas.
Las amenazas que rondan la cuenca del río San Juan, relacionadas con la confrontación armada entre Fuerzas Militares del Estado, guerrillas y paramilitares de nuevo cuño, estarán asociadas a cuatro factores: cultivo de coca y exportación de cocaína, extracción de oro, explotación de petróleo y construcción de la carretera Las Ánimas-Nuquí. En estos cuatro aspectos se condensan y confluyen conflictos históricos y actores bélicos para los cuales la confrontación a mediano plazo sería inevitable.
Los cultivos de coca comprometen hoy principalmente la región que se extiende del Sipí al alto Baudó. El Estado trata de cortar una fuente logística importante de los grupos ilegales que amenace, dificulte y encarezca la finalización de la carretera Las Ánimas-Nuquí, las inversiones de grandes compañías mineras en el alto San Juan, y petroleras en la línea de exploración bajo San Juan-alto Baudó. El cultivo de coca se podrá expandir en la región señalada por presentar grandes obstáculos naturales a la fumigación, como son la nubosidad y la pluviosidad, y no menos importantes para la erradicación manual, sobre todo si se tiene en cuenta que están en una zona de bosque húmedo tropical y que los cultivos tienden a ser pequeños y distantes unos de otros, y que la planta posee una capacidad asombrosa de recuperación o reproducción. La fuerza que requiere el Estado para entrar y sostenerse en zonas recuperadas será muy alta. Pero será tanto más urgente hacerlo en cuanto no se trata sólo del cultivo de coca, sino de la comercialización y la exportación de cocaína y eventualmente del contrabando de armas.
Para el Estado se hace inaplazable incrementar el control sobre los grupos que realizan tales actividades. También aquí, la configuración del terreno, sobre todo en el delta del San Juan, representa un gran desafío por la abundancia y la densidad de manglares, islas y caminos acuáticos. La experiencia de la población nativa en el contrabando añade una dificultad más al empeño por imponer una política oficial. Por último, cabe mencionar la gran sensibilidad de los empleados públicos y funcionarios del Estado a la corrupción, que aumenta con la política oficial de pagar recompensas por información y colaboración con las FF. AA.
En la región habrá elementos sociales que pueden hacer más compleja la lucha contra los grupos ilegales y los narcotraficantes, tales como la pobreza generalizada de la población, condición que rige tanto para la fuerza pública y grupos paramilitares como para las guerrillas subsistentes y que hace más intensa la confrontación, en la medida en que ha dejado de ser un tema político o ideológico para transformarse en un tema económico, habida cuenta de las grandes ganancias que arrojan estos negocios, de la función tributaria que tienen para los grupos ilegales y de la estrategia de recompensas que desarrolla el Gobierno. El fin del cultivo de coca, del narcotráfico y de las recompensas representa para mucha gente un horizonte oscuro puesto que se debilitan sus ingresos.
Hay que contar con que la fuerza pública, acostumbrada al atropello y a la impunidad, dispara las alertas de ONG nacionales y extranjeras y activa la vigilancia de una Iglesia que, como la de la región, tiene un fuerte “compromiso con los pobres” y ha denunciado constantemente la violación de DD. HH. y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El Estado debería estrechar sus vínculos con las ong de la región y en especial con el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) y con las Diócesis de Buenaventura, de Istmina-Tadó y de Tumaco, a pesar de cierta indiferencia tradicional.
