Llamado a la resolución de conflictos mediante el diálogo

PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

A LA OPINIÓN PÚBLICA

A LA SOCIEDAD COLOMBIANA

Las profesoras y profesores del Programa de Antropología de la Universidad Externado de Colombia, testigos de los juicios y las condenas a la movilización social que se han tomado las calles y los medios de comunicación durante los últimos días, llamamos a que como sociedad nos dispongamos a resolver nuestros conflictos mediante el diálogo hacia la paz. Es urgente que los ciudadanos y, especialmente, los gobernantes superemos la simplicidad en nuestros juicios, así como los calificativos que desvirtúan y niegan la condición ciudadana y política de los demás.

Advertimos la gravedad de las declaraciones de funcionarios públicos y de medios de comunicación de los últimos días, en las cuales se evidencia la persistencia de juicios coloniales, racistas, elitistas y autoritarios, a todas luces excluyentes, que atentan contra la construcción de un país plural. La Constitución Nacional de 1991 le dio legitimidad a una ciudadanía diversa que sentó las bases para la permanencia de los territorios y expresiones político-culturales de los pueblos indígenas, negros y romaní. De esa manera nos plantea el reto cotidiano de fortalecer tanto la multiplicidad de formas de vida y de gobierno como la polifonía de las motivaciones y propósitos comunes, cimiento de nuestra riqueza y porvenir como país.

Resultan agresivos y suscitadores de más violencia los llamados del Gobierno nacional, de la Alcaldía de Cali y de reconocidos políticos del país, conminando al regreso de la Minga “a los resguardos” y al “hábitat natural” como condición para mantener el orden público. No podemos menos que recordar el anclaje colonial de la noción de resguardo, que ha sido transformada en territorialidades vitales por los mismos pueblos en su devenir histórico. El resguardo no puede, en ninguna circunstancia, ser entendido como una herramienta de control social con una lógica excluyente de “blancos” urbanos por un lado y gentes negras e indígenas de la ruralidad por otro. Tampoco se trata de una alusión al ámbito “natural” que pretende situar a estas poblaciones en una tipología humana de inferioridad despojada de historia, insostenible en este momento.

“Vándalos”, “salvajes”, “hordas”, “bandoleros”, “perturbadores del orden” y “terroristas” han sido algunos de los calificativos que aparecen en distintos discursos, y que persisten en tornar como minoritarias posiciones y mandatos de mayorías. Todos ellos vuelven anónimos a los sujetos, los despojan de su condición

política, los convierten en masas amorfas sin sentidos de pertenencia colectiva ni identificación. Además, estos epítetos contribuyen a exponerlos, aumentando su inseguridad en el presente y generando amenazas futuras. Hoy no podemos menos que advertir el peligro del aniquilamiento social y etnocidio que se esconde amenazante tras estas nociones.

Abundan las consideraciones de una supuesta “barbarie” y de “salvajismo” para descalificar a los manifestantes, las cuales, además, involucran argumentos que pretenden vaciar de cultura y despojar de valor a las colectividades de mujeres, trabajadores, profesores, estudiantes, barriadas, campesinos y la multiplicidad de gentes que alzan sus voces. Tales concepciones son parte de la persistencia que vuelve exclusivo de los contextos urbanos aquello que se entiende como “culto” y “civilizado” y que redunda en viejas fórmulas para estigmatizar posiciones políticas y formas de vivir, cuando éstas ejercen su derecho a disentir.

En contravía de la concepción segregacionista de las vidas y de las comunidades, la sociedad colombiana está llamada a considerar las tensiones latentes, acumuladas e irresueltas en el tiempo que se muestran hoy tan problemáticas en la región del suroccidente del país. A las desigualdades históricas que nos constituyen en todo el país como una sociedad injusta se suman intereses políticos y económicos elitistas que se han lucrado de la guerra, del narcotráfico y del arrebato de los dineros públicos. La totalidad de estos infortunios contraviene las aspiraciones más democráticas.

Hoy es inaceptable que la sociedad persista en desdeñar los valiosos procesos de consolidación de políticas para la vida gestadas en los territorios urbanos y rurales campesinos, afros e indígenas, cuya totalidad cimienta nuestra autonomía y soberanía como pueblo. Estas posibilidades han sido truncadas una y otra vez por la eliminación de las cabezas visibles, los líderes y lideresas y los miembros de colectividades que le han apostado a la paz. Nuestro país es signatario del Programa de Acción adoptado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban en 2001. Como docentes y profesionales estamos empeñados en ese compromiso internacional. Invitamos al Gobierno a unirse en ese empeño.

 

Bogotá, D.C., 10 de mayo de 2021